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COMUNICADO: Organizaciones de Europa y América denuncian unas negociaciones que incluyen mecanismos de arbitraje a favor de las empresas y en detrimento de los pueblos

Miércoles 6 de febrero de 2013 por Pierre-Yves

6 de febrero de 2013

FALTA DE TRANSPARENCIA EN NEGOCIACIONES COMERCIALES UE-CANADÁ

Organizaciones de Europa y América denuncian unas negociaciones que incluyen mecanismos de arbitraje a favor de las empresas y en detrimento de los pueblos

Organizaciones sindicales, ecologistas, indígenas, feministas, de comercio justo y de la salud pública de Europa, Canadá y Québec reclaman el final de las negociaciones del tratado de libre comercio entre la Unión Europea y Canadá que incluye derechos abusivos y muy controvertidos para los inversores. Una declaración conjunta ha sido entregada a la Comisión Europea y el Gobierno canadiense, además de delegaciones nacionales como la representación española en Bruselas.

Las negociaciones entre la UE y Canadá de un Acuerdo Económico y Comercial Exhaustivo (CETA, por sus siglas en inglés), han estado marcadas por la falta de transparencia de cara a la ciudadanía y los parlamentos estatales. Los documentos filtrados muestran que la UE sigue el rumbo de dar mayores privilegios a los inversores. La “protección de inversión”, que recoge el tratado, incluye mecanismos de arbitraje de controversias entre inversor y Estado que permitiría a los inversores extranjeros demandar a autoridades públicas si ciertas regulaciones de salud pública, ambientales o de seguridad para el consumidor, amenazan o reducen sus beneficios previstos. De este modo, permiten a los inversores eludir los sistemas jurídicos nacionales y llevar a los Estados anfitriones ante tribunales internacionales de arbitraje.

Una declaración, entre cuyos promotores se encuentra la red europea Seattle-to-Brussels Network, de la que forma parte Ecologistas en Acción, rechaza las negociaciones.

“Nos oponemos enérgicamente a todo acuerdo transatlántico que ponga en peligro las garantías democráticas, los derechos humanos y los derechos de los pueblos indígenas y nuestro derecho a proteger nuestra salud y la del planeta”, asegura.

“Instamos a los Gobiernos de la UE y Canadá que sigan el ejemplo del Gobierno de Australia y algunos gobiernos latinoamericanos y pongan fin a la práctica de incluir mecanismos de arbitraje de controversias entre inversor y Estado en los acuerdos de comercio e inversión y abran la puerta a una amplia reforma de las políticas en esta materia a fin de defender el interés público por encima de los intereses corporativos”, se recoge en la declaración que fue entregada a la Representación española también a la Comisión Europea y al Gobierno canadiense.

Este tratado comercial facilitaría todavía más la privatización del sector público, abriendo una liberalización descontrolada de los servicios públicos, como el agua. Asimismo, debilitaría o eliminaría regulación social, laboral, ambiental y de salud pública, perpetuando el actual sistema productivista y exctractivista insostenible. La UE elimina en estas negociaciones el espacio para políticas de regulación financiera y de control de capitales, abriendo el camino a nuevas crisis financieras.

El proceso de solución de controversias crea un sistema jurídico paralelo exclusivamente a disposición de los inversores extranjeros y las empresas multinacionales. Estos utilizan cada vez con mayor frecuencia y de forma abusiva sus “derechos” en virtud de los tratados bilaterales de inversión y los acuerdos de libre comercio para oponerse a medidas gubernamentales que son legítimas, legales y no discriminatorias. Pero leyes a favor de la salud pública, del medioambiente y de los derechos laborales son modificados o eliminados porque el “derecho a generar beneficio” es superior a los demás.

Entre los casos recientes de controversias entre inversor y Estado destacan: la demanda de empresas petroleras contra la moratoria de Québec contra la fractura hidráulica (fracking) por US-$ 250 millones, el reclamo de EUR 3.700 millones de la empresa energética Vattenfall contra el Gobierno alemán por el cierre de las nucleares, o el requerimiento de Renco Group al Gobierno de Perú por US-$ 800 millones al haber sido obligado de limpiar la contaminación ocasionada en su fábrica de La Oroya.

Más información: http://www.s2bnetwork.org

Tom Kucharz, +34619949053

La declaración completa se puede leer:
- en inglés aquí
- en francés aquí

— 
Ecologistas en Acción
Telf. +34 619 94 90 53
Twitter: @tomkucharz
www.ecologistasenaccion.org



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